El colectivo polìtico Argemasa se fomó a inicios del gobierno de Javier Milei, debatiendo entre un grupo de compañeros y compañeras de distintos orígenes militantes cómo enfrentar el desafío de la profunda reconfiguración regresiva del capitalismo argentino, vinculado estrechamente a los intereses imperiales. Estos primeros debates se expresaron en el “documento fundacional” presentado en junio de 2024: Derrotar el saqueo, construir lo estratégico”. Ados años, este nuevo escrito actualiza el análisis anterior sobre la base de la experiencia vivida por nuestro pueblo, confirmando mucho de lo que decíamos, pero también sumando aspectos que avanzan en lo que consideramos continúa siendo el desafío: reconstruir un proyecto estratégico que logre superar el saqueo neocolonial y fundar un nuevo modelo de sociedad, en base a la organización y al poder popular.
Lo que decíamos en 2024
A dos años de la presentación del documento fundacional del colectivo político Argamasa, y ya promediando el mandato constitucional del gobierno de Milei, con el profundo retroceso en las condiciones de vida y la agresión extrema a las clases populares que ha implicado y —como señalábamos en aquel momento— la amenaza a la misma existencia de la Argentina como nación que representa, creemos necesaria una revisión y actualización de lo escrito en esos momentos.
Una de las cuestiones clave de aquel texto era caracterización del período político que estaba comenzando como un proyecto cualitativamente diferente a anteriores ciclos neoliberales, por cuanto busca reconfigurar el capitalismo argentino en formas mucho más extremas que el neoliberalismo tradicional, en conexión estrecha con el proyecto radical de capitalismo hegemonizado por las corporaciones y expresado políticamente por las ultraderechas neofascistas y ultraliberales. Milei, decíamos, constituía un laboratorio, una avanzada que logró aprovechar una coyuntura política y social particular de la Argentina para hacerse con el control del Estado. En lo esencial, ese diagnóstico que todavía no era asumido por grandes sectores del campo popular y, especialmente, por la dirigencia política mayoritaria, no sólo continúa vigente, sino que se ha agudizado. En ese sentido, rescatamos lo que ya decíamos en el primer párrafo de aquel documento:
La Argentina enfrenta un momento crítico en el que un gobierno llegado al poder por el voto popular plantea un programa de devastación de su economía, una ofensiva brutal contra las conquistas de la clase trabajadora y los derechos sociales y civiles y un alineamiento absoluto con los poderes imperiales hasta, incluso, poner en riesgo la misma existencia del país en tanto Estado Nación, con mínimos márgenes de autonomía.
En aquel primer documento, el análisis de las líneas maestras del gobierno “libertario” se complementaba con el de las condiciones para su llegada al gobierno. En ese sentido, veíamos el dominio de una nueva y poderosa tecnología comunicacional hegemonizada por la nueva derecha radicalizada; los efectos impredecibles de la pandemia sobre la subjetividad de grandes sectores sociales; y el fracaso del gobierno del Frente de Todos, atrapado entre una interna caníbal, el endeudamiento extremo heredado del macrismo (y la imposibilidad de aquel gobierno para resolver una estrategia común para enfrentarla), los condicionamientos sobre la economía generados por la pandemia y el comienzo de la guerra de Ucrania y, principalmente, la ausencia de proyecto político y de voluntad para enfrentar el poder concentrado.
Sin embargo, el análisis constataba entre los aspectos centrales la presencia de elementos más profundos que enmarcaban estas circunstancias. Entre otras cosas, hacíamos énfasis en los cambios estructurales en el mundo del trabajo, que lleva a una extrema fragmentación de la clase trabajadora y el debilitamiento de sus organizaciones e instrumentos para la lucha colectiva. A lo largo de los años, se fue consolidando la existencia de un amplio porcentaje de la población por fuera del trabajo asalariado, sujeta a relaciones de superexplotación, trabajo precario y dependencia de programas sociales, a lo que se sumó en años recientes el crecimiento del capitalismo de plataformas, con su avance en la afirmación de una subjetividad individualista y consumista. Todo esto constituye una situación que se expresó políticamente en dos fenómenos paralelos y concomitantes: el crecimiento del mileísmo como expresión de la insatisfacción social y el castigo político a la insuficiencia o ausencia de esfuerzos estatales de transformación y, por otro lado, el distanciamiento de las viejas estructuras políticas y hasta de organizaciones sociales de los problemas de la cotidianeidad y de las necesidades profundas de los sectores populares.
Especialmente este último factor (que Milei denominó con bastante acierto o, por lo menos, con conexión con el sentir de una parte de la población, la “casta”), por el que una parte importante del arco político popular, en especial el comprometido en la gestión gubernamental, fue mostrando su creciente alejamiento tanto de los problemas de la vida diaria del pueblo como de la propia idea de un proyecto de Nación por el que valiera la pena dar una disputa política a fondo, era uno de los más evidentes núcleos de problemas que abordábamos en el documento y que continúa vigente. La experiencia prolongada y relativamente exitosa (por lo menos en el período 2003-2015) del manejo del aparato estatal por un gobierno con base popular incidió en la conformación de una cultura política cada vez más alejada de la militancia y más concentrada en la gestión pública, lo que no solo crea otras prioridades para la acción política, sino que la subordina a las necesidades de gobierno y de la coyuntura.
Esto es especialmente grave cuando se inserta en la ausencia o el empobrecimiento de un proyecto político profundamente transformador. La política, entonces, es vista por gran parte del activismo como una actividad redituable, incluso en términos personales, e inseparable de la administración del Estado, por lo que el calendario electoral y los entretelones de la rosca pasan a ser el paisaje de fondo, abandonando en los hechos la perspectiva estratégica, aunque se conserve, en algunos casos, un discurso incendiario. La militancia y las organizaciones, entonces, se autolimitaron a la disputa del aparato estatal o paraestatal y a esperar las órdenes de las conducciones omniscientes.
Por último, pero íntimamente relacionado con lo anterior, la ausencia de una perspectiva política de reconformación de un proyecto nacional, popular y revolucionario que se proyectara en el debate de lo estratégico, junto con la reducción de la actividad política de amplios sectores a la administración del aparato gubernamental, nos daba el marco para poder afirmar que, incluso frenando o sustituyendo al gobierno de Milei (lo que, por supuesto, es indispensable), un próximo gobierno que no tuviera una perspectiva estratégica ni se apoyara en la organización popular iba a tener escasa posibilidad de éxito. Al contrario, abonaría el camino a una nueva y aún más frustrante decepción.
La evolución del experimento "libertario"
A más de dos años de su comienzo, el gobierno autodenominado anarcocapitalista, a pesar de su imprevisibilidad en sus acciones cotidianas, su evidente improvisación en la gestión y sus permanentes escándalos continúa profundizando las líneas generales de su proyecto sin oposición consistente, especialmente desde la dirigencia política establecida. Las esperanzas de su rápida caída por la destrucción económica y social que provoca no se han visto verificadas en la realidad concreta hasta el momento. Al contrario, el mileísmo se ha consolidado como fuerza política nacional, logró reponerse a una derrota electoral en la Provincia de Buenos Aires y salir airoso de unas elecciones legislativas que se le aparecían desfavorables y, en general, avanza a paso firme en lo que ya podemos llamar, con propiedad, la consolidación de un proyecto neocolonial para nuestro país.
Esta reformulación del capitalismo argentino constituye, a través de sus líneas maestras, una auténtica recolonización de nuevo tipo, que convierte a la Argentina en un país reprimarizado, que destruye aceleradamente su estructura industrial y se abre sin condiciones al saqueo de sus recursos naturales, a la transformación de su economía en exportadora de recursos energéticos y minerales y a la entrega de la información y bases de datos de sus propios ciudadanos a los gigantes de la nueva tecnología de control social y vigilancia. Los elementos nodales que posibilitan esa reconversión son: el desarme meticuloso de las capacidades interventoras y reguladoras del Estado en la economía (el trabajo de Sturzenegger); el crecimiento exponencial del endeudamiento externo, la fuga de capitales y la subordinación al capital financiero internacional (la especialidad de Luis Caputo); el ataque a la clase trabajadora (formal e informal) y a los derechos sociales en su conjunto (con la reforma laboral que retrotrae las condiciones de trabajo a los estándares previos a 1945 o incluso antes, la destrucción de las jubilaciones, las pensiones, la salud y la educación públicas, entre otras cuestiones); el perfeccionamiento represivo con tecnología y doctrina israelí y de las corporaciones tecnofascistas como Palantir (avanzada en la que juega un papel central Patricia Bullrich, que ha comenzado esta tarea ya en el gobierno de Mauricio Macri); y el avance permanente sobre los derechos humanos, las libertades democráticas básicas y la “batalla cultural” que impone una visión ultraliberal y neofascista sobre todos los aspectos ideológicos que constituyen sentido en las masas populares.
Evolución del experimento "libertario"
A más de dos años de su comienzo, el gobierno autodenominado anarcocapitalista, a pesar de su imprevisibilidad en sus acciones cotidianas, su evidente improvisación en la gestión y sus permanentes escándalos continúa profundizando las líneas generales de su proyecto sin oposición consistente, especialmente desde la dirigencia política establecida. Las esperanzas de su rápida caída por la destrucción económica y social que provoca no se han visto verificadas en la realidad concreta hasta el momento. Al contrario, el mileísmo se ha consolidado como fuerza política nacional, logró reponerse a una derrota electoral en la Provincia de Buenos Aires y salir airoso de unas elecciones legislativas que se le aparecían desfavorables y, en general, avanza a paso firme en lo que ya podemos llamar, con propiedad, la consolidación de un proyecto neocolonial para nuestro país.
Esta reformulación del capitalismo argentino constituye, a través de sus líneas maestras, una auténtica recolonización de nuevo tipo, que convierte a la Argentina en un país reprimarizado, que destruye aceleradamente su estructura industrial y se abre sin condiciones al saqueo de sus recursos naturales, a la transformación de su economía en exportadora de recursos energéticos y minerales y a la entrega de la información y bases de datos de sus propios ciudadanos a los gigantes de la nueva tecnología de control social y vigilancia. Los elementos nodales que posibilitan esa reconversión son: el desarme meticuloso de las capacidades interventoras y reguladoras del Estado en la economía (el trabajo de Sturzenegger); el crecimiento exponencial del endeudamiento externo, la fuga de capitales y la subordinación al capital financiero internacional (la especialidad de Luis Caputo); el ataque a la clase trabajadora (formal e informal) y a los derechos sociales en su conjunto (con la reforma laboral que retrotrae las condiciones de trabajo a los estándares previos a 1945 o incluso antes, la destrucción de las jubilaciones, las pensiones, la salud y la educación públicas, entre otras cuestiones); el perfeccionamiento represivo con tecnología y doctrina israelí y de las corporaciones tecnofascistas como Palantir (avanzada en la que juega un papel central Patricia Bullrich, que ha comenzado esta tarea ya en el gobierno de Mauricio Macri); y el avance permanente sobre los derechos humanos, las libertades democráticas básicas y la “batalla cultural” que impone una visión ultraliberal y neofascista sobre todos los aspectos ideológicos que constituyen sentido en las masas populares.
Contexto internacional y rol del laboratorio argentino
Forma parte esencial del proyecto la subordinación total –y hasta exagerada– al proyecto de la ultraderecha global encabezada por Donald Trump y su socio genocida Netanyahu. Los niveles alcanzados en este aspecto superan lo esbozado en el documento de 2024: la Argentina de Milei constituye un laboratorio precursor de la versión recargada de Donald Trump en su segundo gobierno, tanto en los modos como en las prácticas –sin, por suerte, la capacidad de daño global de este– pero constituyendo un aliado esencial para la subordinación neocolonial del continente americano, como muestran las cada vez mayores evidencias del protagonismo de Milei en la “internacional de la ultraderecha”. Y, por otra parte, cada vez hay más signos de que el rol experimental de nuestro país continúa, ahora con el avance de programas tecnofascistas de control social de alcances aún difíciles de imaginar.
En ese sentido, es interesante avanzar, a modo de hipótesis, en la existencia de una fractura en el seno del proyecto de las élites del capital concentrado a escala mundial, superpuesta a la más evidente confrontación de bloques político-económicos con potencias no occidentales como China y Rusia. Dicha fractura enfrentaría, por un lado, al neoliberalismo globalizador “clásico”, caracterizado por los tratados de libre comercio y las cadenas globales de valor (el denominado “mundo basado en reglas”) y, por el otro lado, el proyecto actualmente articulado con claridad en el “manifiesto de Palantir”, que propone un tecno-feudalismo poscapitalista y de corte fascista, fundamentado en el control social y geopolítico, el uso militar y represivo de los algoritmos y la inteligencia artificial, así como un repliegue hacia el Estado nación imperialista como instrumento de dominación. Para la Argentina, este segundo proyecto no solo implica el saqueo y vaciamiento del Estado nacional y el deliberado desprestigio de sus instituciones para lograr la balcanización del territorio nacional, sino que además encuentra en Milei a su principal exponente local: él embandera y subordina a nuestro país con esta facción, poniéndonos en la senda de una recolonización que no pasa únicamente por los patrones "clásicos" de endeudamiento externo, control geopolítico, subordinación estatal y saqueo de recursos naturales, sino también por la entrega de los datos de toda la población a las corporaciones tecnológicas globales, con potenciales y graves consecuencias tanto en la mercantilización de todos los aspectos de la vida como en el fortalecimiento del control social y represivo. Milei, en este sentido, es un peón (descartable) de un juego que no domina.
Complementando el último punto, pensar el rol de la Argentina en esa confrontación tomando partido o intentando negociar con el bando de los neoliberales globalizadores (o “las potencias medias” que propone el primer ministro canadiense Carney) sería un error garrafal, por más que ese escenario permita “alianzas tácticas” que nos ilusionen con una vuelta a un orden anterior de las cosas. No podemos olvidar que el proyecto de fondo siempre fue, y sigue siendo, antagónico con los intereses populares y, en ambas expresiones, deja para nuestro país y la mayor parte de las naciones del mundo un rol de subordinación, subdesarrollo y dependencia.
Por supuesto, no podemos dejar de lado que enfrentando a ambas facciones está el eje geopolítico, económico y, en algunos casos, militar, que tiene su núcleo en China y, especialmente en el plano político-militar, Rusia, y una expresión mucho más amplia y contradictoria en los BRICS+. En ese sentido, su existencia es un contrapeso necesario y en crecimiento, y como tal lo identifican ambas facciones del imperio. Sin embargo, hay que tener claro que los BRICS no son el Pacto de Varsovia, la Federación Rusa no es la URSS y la estrategia de disputa china sigue pasando principalmente por el plano económico y en menor medida por el geopolítico (menos aún la disputa militar). La agresividad imperial que despliegan los Estados Unidos de Trump no es contrastada en el mismo plano por este bloque, ni siquiera en situaciones extremas como en Medio Oriente o en el asedio brutal a Cuba. Los BRICS+, en cambio, son un muy importante acuerdo económico que, en ocasiones, reúne a países heterogéneos y con sistemas políticos poco afines entre sí, y hasta intereses geopolíticos regionales enfrentados, como es el caso de China y la India. Es poco probable y muy forzado que intervenga o se plante frente a los abusos del imperio estadounidenses, de hacerlo, no solo sería contrario a la naturaleza de esa alianza, sino que probablemente la rompería, por lo menos en el actal estadio de su desarrollo.
En ese complejo y disputado escenario, América Latina enfrenta una ofensiva imperialista que, apoyada en la radicalización de sus derechas (nuevas y tradicionales) y la asunción plena de sus clases dominantes de un rol de élite neocolonial en sus países, se muestra decidida, incluso a través de medios militares, a reducir la región a un mero protectorado o “zona de influencia”. Esto se expresa sin eufemismos en la “doctrina Donroe” (por Donald Trump) y la renovada línea estratégica del Pentágono. Marco Rubio se animó a expresar su pensamiento profundo, hasta hace poco inconfesable: en sus palabras, “el error de Occidente fue descolonizar”. Sobran las conclusiones.
Un proyecto de nación que defienda los intereses populares debe enfrentar ese destino y construir su camino en este tablero internacional sumamente complejo. La enorme agresividad y brutalidad en que se manifiesta esta lucha no puede encontrar el silencio o la indiferencia en la militancia política, menos en la dirigencia. Solidarizarse y defender a los pueblos agredidos por el eje Trump-Netanyahu (Venezuela, Cuba, Palestina, Irán), no es, entonces, una cuestión menor, sino fundamental para la propia existencia como nación.
Transformación del capitalismo argentino
Dentro de las líneas fundamentales ya expuestas, el gobierno de Milei parece apoyarse más en el poder de las grandes corporaciones trasnacionales (en especial las tecnofascistas, los conglomerados financieros y las extractivas de minerales y energía) antes que, en los grupos económicos concentrados tradicionales de la Argentina, que hasta el momento eran los sostenes indispensables de todos los experimentos neoliberales. Esto no significa que no sean parte de su base de apoyo (incluso entusiasta) ni que no sean importantes beneficiarios de sus políticas, sino que la razón última del proyecto mileísta es la integración en esta nueva arquitectura del gran capital trasnacional que, como ya mencionamos, encarna uno de los proyectos en pugna del capitalismo occidental.
En este sentido, las contradicciones entre ambos sectores aparecen cada vez más marcadas, a pesar de la vocación de sumisión de la élite local. La total apertura económica y sus efectos sobre la industria nacional, destruyendo no solo el entramado pyme, sino cualquier sector de la producción, incluyendo grandes empresas como las siderúrgicas (afectando hasta al grupo Techint); el avance sobre los organismos tecnológicos estatales que habían estado siempre al servicio (más allá de que también son elementos de cualquier política soberana en ciencia y tecnología) de las grandes empresas industriales y agropecuarias; o la orientación de los grandes proyectos extractivos a la participación de las trasnacionales y la exportación sin agregación de valor (característicos del RIGI y el anunciado “super-RIGI”) dejan a los grupos concentrados locales como socios menores de un proyecto que los excede y que se digita desde el Norte, casi sin ningún tipo de opción de negociación para los antes partícipes necesarios, cómplices permanentes y continuidad de las alianzas de la dictadura genocida.
El interés de los capitalistas “nacionales”, en cambio, sí se ve satisfecho en la ofensiva del gobierno contra la clase trabajadora. La reforma laboral regresiva condensa sus mayores aspiraciones, junto con la desestructuración de las organizaciones sociales y sindicales y su cada vez más escasa capacidad de respuesta. En ese sentido, la reforma laboral no afecta solo a los asalariados formales sino al conjunto, pues en vez de dar “incentivos” para el trabajo registrado da enormes facilidades y quita castigos a las contrataciones “en negro”, además de que cada pérdida de derechos e ingresos para los salariados formales lleva a una caída aún mayor en los informales. Esto, cuyos efectos aún no se han manifestado plenamente por lo reciente de la legislación, se combina con el deterioro de los medios de vida de los sectores asalariados formales y de las capas medias de la población, por múltiples vías, entre las que sobresalen:
· la dinámica siempre a la baja entre salarios e inflación y el aumento del costo de vida tanto en la subsistencia básica como en los gastos fijos de los hogares;
· la destrucción de las políticas de contención social desarrolladas en dos décadas por los gobiernos kirchneristas, pero en general también sostenidas por el macrismo;
· el ataque permanente a toda organización comunitaria a través de la ruptura de los lazos con las políticas públicas y la represión;
· la presión para el abandono de estas políticas también en las provincias a través del ajuste brutal e ilegal;
· los intentos de destrucción de los fundamentos del funcionamiento de cooperativas (desconocimiento del hecho asociativo, asimilación con empresas privadas tradicionales, cuestionamiento a que sean consideradas “sin fines de lucro”, etc.);
· la reducción a su mínima expresión de las organizaciones de la economía popular, desfinanciando los planes sociales y eliminando la capacidad de administrarlos que ejercían las organizaciones, por un lado, reprimiendo la movilización callejera y persiguiendo judicialmente, por otro;
· y la proliferación del pluriempleo y la sobrecarga de trabajo, especialmente a través del trabajo informal en aplicaciones, porque los ingresos salariales no cubren la subsistencia.
Las transformaciones de la clase trabajadora en estas claves no son una particularidad de la Argentina sino una tendencia mundial del capitalismo, que el gobierno intenta hacer irreversible, consolidando las ventajas cada vez mayores del capital sobre el trabajo y legalizando la fragmentación de clase.
Todo esto conlleva un interrogante: hacia dónde va la clase trabajadora en este contexto. La pregunta es crucial porque si pensamos que se trata de fenómenos transitorios que pueden ser revertidos con la recuperación productiva o que son modernizaciones necesarias para adecuarse al desarrollo productivo y tecnológico actual (cuestiones que, con matices, también suelen plantear los economistas progresistas), las políticas laborales y económicas no van a lograr modificar la situación, sino a consolidarla. En cambio, podemos notar tres tendencias que deben ser tenidas en cuenta para generar no solo proyectos alternativos, sino para replantearse las estrategias de construcción desde el campo popular: precarización y reducción del asalariado formal; crecimiento de la informalidad y la superexplotación (fenómeno que incluye a la economía popular); y tendencia al descarte de grandes masas de población que ya no son tenidas en cuenta ni como fuerza de trabajo ni como consumidores. Cualquier política de superación de este estado de cosas tiene que dar respuestas a las necesidades de los tres sectores, incluyendo y priorizando una salida para los descartados por el capital (en esto último, sería interesante rediscutir la política social basada en el subsidio individual desde el Estado, sea en la variante local de los planes sociales o en planteos más generales de la “renta básica universal”, teniendo en cuenta sus resultados, no solo en la estructura social, sino en la conciencia de los sectores “beneficiarios” y en el antagonismo que generan en otros sectores populares). Todo esto debe ser pensado a partir de la experiencia concreta de las organizaciones y de su compleja relación con el Estado en el pasado reciente, y poder plasmarse en alternativas reales, contempladas como parte esencial de un proyecto emancipatorio. Es decir, como parte del núcleo de las políticas económicas y productivas, y no como parte de la “política social” que contiene a los desplazados.
Estos problemas son la contracara del proyecto en curso cuya paradoja central consiste en que erige, discursivamente, la libertad como estandarte, pero materialmente nos endeuda —al país y a las familias—, nos somete a una nueva servidumbre al erosionar las conquistas sociales históricas, y nos desposee del territorio nacional al hipotecar y entregar nuestra soberanía.
Necesaria construcción de poder popular
La situación analizada anteriormente no solo obliga a la resistencia y a la unidad popular para derrotar este proyecto, sino a plantearse seriamente que, sin una perspectiva de poder desde abajo que sustente una propuesta política dispuesta a dar las disputas de fondo que reviertan este estado de cosas, ningún futuro gobierno de base popular, por mejores intenciones que tenga, tiene posibilidades de lograr transformaciones reales en la estructura social, económica y política. Ese es un rol esencial de las organizaciones del campo popular, a ser construido desde la base, en lugar de seguir dejando ese papel en manos de quienes estén eventualmente a cargo del aparato estatal (incluso proviniendo de las propias organizaciones).
Es por eso que, además de las múltiples iniciativas de colectivos compañeros (incluyendo aquellos con perspectivas electorales), creemos necesario debatir a partir de la práctica y las situaciones reales de las organizaciones populares que actúan en los territorios, en los lugares de trabajo, en sindicatos, cooperativas y organizaciones de la economía popular, en los ámbitos educativos y en todo tipo de organizaciones que actúan en el seno de nuestro pueblo. La discusión franca partiendo de las realidades de la base, pensando en la perspectiva de la construcción de organización y poder popular, es fundamental para construir la fuerza social necesaria para enfrentar al poder concentrado y a sus manifestaciones políticas, económicas y culturales.
Esto implica plantearse tareas y articulaciones concretas, tanto para enfrentar este proyecto avasallador como para construir organización social que sustente la resistencia, reconociendo la gravedad de la situación, la fuerza del proyecto que enfrentamos, los errores de nuestro campo y también la propia fuerza de nuestro pueblo y los caminos para potenciarla, inclusive en el plano latinoamericano e internacional.
Creemos que este tipo de debates todavía no se hizo del todo presente en el proceso político que el campo popular atraviesa desde la llegada de Milei al gobierno. Se ha ido pasando del asombro al diagnóstico y la denuncia de las atrocidades del gobierno: de la culpabilización de los sectores populares que lo votaron a la espera por decantación de su decepción: del cuestionamiento a la dirigencia política a la expectativa por el armado “de unidad” que permita la vuelta de un gobierno más afín; de las expectativas de un triunfo electoral y un consecuente colapso a la depresión por el resultado adverso. El ánimo sube o baja de acuerdo con encuestas, movilizaciones y episodios anecdóticos o no tanto, mientras que la discusión programática para la reconstrucción de un proyecto nacional, popular y revolucionario acorde a los desafíos de la compleja situación nacional e internacional aún es, en el mejor de los casos, incipiente. Más aún, la perspectiva de la construcción de poder popular como la única forma posible de equilibrar una correlación de fuerzas tan desfavorable a los sectores populares, es la parte del debate político más ausente y difícil de construir porque no solo va en contra de la corriente general de la política, sino de parte de la cultura militante que se expandió en los últimos años, en la que solo importa ganar poder dentro del aparato estatal (y seguir esa disputa a futuro cuando se está fuera de la gestión). Esto no solo responde a cuestiones de ambiciones personales y mezquindades (que existen), sino a un modo de diagnóstico de la realidad socio-política que se ha montado en la lógica de las encuestas y los focus groups, miradas que construyen a la “opinión” como emergente de la subjetividad y que, de esa manera, impiden comprender e incidir en el dinamismo de lo socio-político (que incluye emociones no expresables vía “opinión” y que se modifica con mucha rapidez en función del cambio de los contextos). Se transforman así en opciones políticas conservadoras, que sólo pueden tratar de “gestionar lo existente”, subordinándose a las lógicas que hoy son hegemónicas en los modos de construcción de subjetividad y renunciando a su posible transformación.
Se trata, creemos, de discutir y coordinar las tareas urgentes para frenar los peores avances contra el pueblo que encara este gobierno sin descanso, de articular esto con el debate de fondo que proponemos, de reconstruir una militancia popular con fuerte base ética y con confianza en la fuerza popular, lo cual requiere ser capaces de imaginar otras formas de identidades que, además, siguen existiendo en nuestro pueblo (como realidad y como posibilidad) por más que hoy no resulten hegemónicas.
Proyecto estratégico indispensable
Dar debate serio y comprender la etapa que estamos atravesando, en todas sus implicancias a nivel nacional e internacional y sus efectos sobre la vida cotidiana de nuestro pueblo, es indispensable para poder encarar la construcción de una alternativa superadora de esta etapa especialmente agresiva del capitalismo. Pero debe estar necesariamente acompañada de la perspectiva de la construcción de poder popular y, en la lucha diaria, enfrentar y derrotar al gobierno “libertario”. La combinación de los tres factores es lo que nos permitirá pasar del diagnóstico a la propuesta y de la propuesta a la acción, que vaya más allá de lo electoral e, incluso, del recambio de gobierno.
Por otra parte, los acontecimientos de los últimos dos años, y en especial de los últimos meses a partir del ataque a Venezuela, nos ponen frente a un panorama internacional mucho más crudo que en el momento del documento fundacional. Las políticas de los Estados Unidos de Trump son más brutales que nunca, por lo menos desde el fin de la segunda guerra mundial, y nos ponen ante un escenario que puede llevar a la impotencia, al constatar que no solo basta con la decisión política de disputar el poder a la clase dominante, sino que posiblemente la fuerza disponible para eso sea poca frente a la agresividad imperialista. Se trata de una verdad incómoda porque cuestiona la base del pensamiento militante que apuesta a la voluntad e incluso a la organización para dar la disputa de poder en el nivel local o nacional y que muestra que esos factores, importantes, pueden ser (y de hecho lo están siendo) insuficientes. En otras palabras, si Maduro fue secuestrado con tanta facilidad y Cuba está bajo asedio, es válido preguntarse qué queda para opciones menos decididas o con menor posibilidad de construir poder concreto capaz de resistir, dado que la agresión puede ser de enorme fuerza y con objetivos explícitos en los intereses directos (recursos naturales, por supuesto, pero también otros de carácter geopolítico y estratégico), sin justificativos ideológicos más allá del ejercicio del poder puro y duro.
Ya hace casi medio siglo, León Rozitchner había identificado una distinción que se vuelve crucial poder recuperar hoy: que el poder popular no es equivalente en su capacidad defensiva (como freno a las políticas de ajuste, hambre o expropiación) que en su capacidad ofensiva (como fuerza que pueda tomar el control del Estado e intentar una forma más humana y justa de convivencia). Distinguir estos dos niveles en la lucha política hoy resulta fundamental, ya que los cambios señalados generan la necesidad de repensar las estrategias de poder popular cuando logran el acceso al control del Estado, pero no limitan el enorme poder defensivo que radica en las fuerzas populares como resistencia y límite a los procesos de expoliación, resistencia que no es sólo ni fundamentalmente electoral y que requiere también de estrategias de mediano y largo plazo.
Esto implica una profunda discusión sobre cómo construir una alternativa de poder en estas circunstancias, sin renuncias de principios, pero con flexibilidad táctica y una estrategia clara para enfrentar estas situaciones. La organización y el poder popular es clave, pero también la necesidad de construir alianzas internacionales entre los pueblos (es decir, no sólo alianzas geopolíticas entre Estados), que permitan terciar en la disputa de proyectos político-económicos más allá del espacio nacional, sin dejar de tener base en este. El debate sobre estos temas es aún incipiente en el campo popular, dada la escasa inversión intelectual en análisis geopolíticos, precisamente en el momento en el que resultan más necesarios que nunca.
Enfrentar la coyuntura estratégica que pone en riesgo la existencia nacional
Hemos insistido hasta acá en la idea de que derrotar y superar al proyecto del capital concentrado expresado por Milei (y sus posibles continuadores “racionales”) implica un proyecto de largo plazo y la construcción de poder popular. Sin embargo, es imposible hacerlo sin enfrentar claramente a las necesidades de una coyuntura tan urgente y desafiante como la que estamos viviendo. La compleja etapa que atravesamos nos plantea una serie de cuestiones que creemos importante tener en cuenta y que podemos enumerar así:
· Recuperar la noción planteada en el documento de “coyuntura estratégica” (es decir, en la que se juega el largo plazo y no solo los conflictos del momento);
· Hay que derrotar al gobierno de Milei, pero si es suplantado electoralmente por una alianza o expresión política que reproduzca la política carente de proyecto o sujeta a condicionamientos similares al gobierno del FdT, esto será insuficiente y abrirá el camino a una nueva frustración, aunque traiga alivio momentáneo;
· Por eso mismo no somos prescindentes de la cuestión electoral, pero tampoco es nuestra apuesta principal de militancia. Estamos convencidos que debemos crear espacios para debatir y articular en planos más profundos que prioricen la práctica militante y las coincidencias en el plano estratégico;
· En el plano de la realidad cotidiana de los sectores populares, entender que las luchas aisladas tienen escasas probabilidades de victoria contra un proyecto que va por todo, lo que incluye el sistema político por más que eventualmente negocie y lo use para sus propios fines, por lo que la articulación de las luchas es fundamental;
· Entender que la resistencia no pasa solo por oponerse sino también por la construcción de organización y de alternativas, en que la organización popular debe dejar de concebirse exclusivamente para arrancarle concesiones al Estado, sino que pueda planificar formas propias de resolución de problemas, generación de recursos, creación de empleo y relaciones comunitarias.
· En suma, no quedarse en la interna autodestructiva sino poder elevar la mirada hacia la solución de los problemas populares, en parte por la autoorganización social comunitaria, en parte por la disputa de poder hacia el Estado, incluyendo en esa tarea las diversas consideraciones hechas en el documento.
Como cuestión final, sin quedarnos en un mero diagnóstico (ya sea coyuntural o futurista), es necesario intensificar ese proceso de tejer lazos que nos permita el ensamblaje de una argamasa popular no jerárquica. Desde los territorios y las prácticas concretas, se trata de comenzar a construir los acuerdos que darán forma a nuestro propio proyecto, que defina una ética política transformadora y que establezca las bases de la reconstrucción.
En ese sentido, es importante discutir propuestas específicas que avancen en el sentido de las transformaciones necesarias, no sólo para reconstruir lo destruido por Milei (que será mucho y de mayor profundidad que en gobiernos neoliberales anteriores), sino que siente las bases para la construcción de ese proyecto alternativo que anhelamos. Estas propuestas deben ser en todos los planos relevantes para los intereses populares, desde la creación de trabajo digno hasta el redespliegue y multiplicación de políticas de educación y salud públicas, vivienda, ciencia y tecnología, protección del ambiente, etc., utilizando las herramientas tanto de la organización popular y comunitaria como del Estado y que defienda la soberanía frente a los intentos cada vez más importantes y vergonzosos de entrega y subordinación a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos y sus aliados. Además, también implica debatir y estructurar una política de desarrollo productivo que no se limite a “la macro” y a dejar la responsabilidad de la mejora de las condiciones de vida de la población a ciertas y limitadas políticas públicas y a lo que den las fuerzas del mercado, sino a utilizar al Estado como motor económico estratégico. Para dar soluciones a los problemas de las mayorías, el Estado no tiene que estar solamente “presente”, necesita ser planificador y articular esa planificación con los mecanismos de participación popular y organización social, en que las necesidades sociales, la organización comunitaria y el protagonismo popular sean un factor económico más relevante que (y que se imponga sobre) “los mercados”.
Creemos que, como la historia de las luchas populares en la Argentina y en el mundo lo demuestra, los retrocesos no son eternos. Podemos y debemos apostar a nuestro pueblo, que muchas veces logró salir airoso de tremendos retrocesos y que, a contramano de las apariencias, estamos convencidos que todavía tiene con qué revertir el daño provocado y proyectar un nuevo futuro.
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